El derecho de comunicación pública y el contrato de edición

En Derecho rara vez al sumar dos más dos nos dan cuatro. Una de sus grandes ventajas (y uno de sus grandes inconvenientes, dependiendo de qué lado de la balanza estés en el supuesto de hecho concreto) es que, por mucho principio de legalidad y seguridad jurídica proclamemos, siempre se trata de una materia maleable, opinable, interpretable. En caso contrario, no seríamos dos partes (como mínimo) en un juicio, y no tendría que decidir una tercera, sino que meteríamos los datos en una maquinita y nos daría el resultado.

Esto viene a cuento porque, hace unos días, escuché a un compañero decir que, si no se cede expresamente en un contrato de edición de libro el derecho a la comunicación pública de una obra, la editorial no puede publicar dicha obra en formato digital (Ebook), aunque así se hubiera pactado en el contrato respecto a dicha modalidad digital. Al menos es lo que yo entendí de sus palabras.

Más que negar la mayor de la afirmación, yo diría que hay que matizarla.

Para empezar, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual define la comunicación pública como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”

El mismo artículo 20 enumera casos concretos de comunicación pública, entendiendo que se trata de una lista abierta. Aunque el artículo parece que está más bien enfocado a las obras audiovisuales (un ejemplo típico de comunicación pública es la exhibición de un DVD doméstico en un autobús) los Ebooks bien podrían entrar en la categoría descrita en la letra e), esto es: “La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono”.

Parece que ahí sí podría entrar el soporte digital de nuestro libro. Por tanto sí que es cierto que tendremos, como autores, que ceder ese derecho para que el editor pueda hacer uso del mismo.

La cuestión es que, de acuerdo con el artículo 17 de la misma Ley de Propiedad Intelectual, -al igual por ejemplo que el derecho de paternidad es un derecho moral del autor integrado de forma inherente en el resto, o que la posesión es un derecho inherente al de propiedad-, el derecho de comunicación pública es un derecho derivado del derecho de explotación de una obra. Es así porque dicho artículo establece que junto con el derecho de comunicación pública, que no es sino una modalidad del derecho de explotación, este abarca la reproducción, distribución, y transformación de dicha obra.

Dentro de los derechos que acabo de enumerar, si nos fijamos, nos encontramos con que el de reproducción y distribución son los que de manera específica considera la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 58, que el autor cede expresamente en el contrato de edición de libro.

Los otros derechos, por tanto, quedan deslindados y se tienen que tratar aparte. En especial el derecho de transformación, que puede derivar en obras autónomas distintas y en medios distintos: puede tratarse desde la traducción de nuestra obra, hasta la adaptación de la misma por parte de Netflix o un estudio de Hollywood. Por soñar, que no quede.

Esos derechos, por tanto, deben ser, obligatoriamente establecidos en contratos por separado, como así establece expresamente el artículo 57 LPI al decir: “La transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de edición, representación o ejecución, o de producción de obras audiovisuales se regirá, respectivamente y en todo caso, por lo establecido en las disposiciones específicas de este Libro I, y en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en este capítulo.

Las cesiones de derechos para cada una de las distintas modalidades de explotación deberán formalizarse en documentos independientes.”

Por tanto el contrato de traducción, o de adaptación audiovisual, deberá ser un contrato propio, así como la cesión del derecho de transformación que les da origen, que deberá estar desligado del contrato principal de edición.

Las modalidades que pueden estar dentro del contrato de edición propiamente dicho son las modalidades, precisamente, de edición de libro: esto es, en papel, cartoné, tapa dura, bolsillo, etc. Con la ley en la mano, para cualquier otra modalidad, no de edición, sino de explotación, como un audiolibro, Ebook, etc. se deberá hacer un contrato de edición aparte en el que se ceda el derecho de comunicación pública.

En realidad, es muy habitual que en el mismo contrato de edición se acoja la modalidad en papel y la de Ebook, mencionando que se cede el derecho de comunicación pública junto con todos los derechos de explotación. Esto es, en teoría, contrario al artículo antes descrito, pero sería difícil, en mi opinión, instar una nulidad radical en este caso con la condición de que las modalidades estén separadas y desglosadas debidamente -el autor debería negociarlas por separado, con el derecho a ceder unas y no otras si así lo estima oportuno- y si solo hay entre dichas modalidades un cambio en el soporte, manteniendo íntegra la obra en si, y por tanto no se negocia ni se cede una transformación de la obra.

El contrato sí que sería atacable si, como muchas veces ocurre, se emplean fórmulas globales como “El autor cede sus derechos para TODAS las modalidades de explotación” sin enumerarlas ni desglosarlas, fórmula esta que sí sería susceptible de ser combatida legalmente sin duda alguna, al igual que las cláusulas que meten, como antes mencionaba, en el mismo saco y dentro del mismo contrato de edición de libro las traducciones y adaptaciones audiovisuales de la obra, en la que sí existe una transformación de dicha obra que el autor necesariamente debe consentir en documento aparte.

Insisto, como de habitual decimos los juristas, lo presente es tan solo “salvo mejor opinión”.

El dominio público y los derechos de autorMi experiencia con Strong by Zumba®: No es una clase de baile, es un desafío que te va a transformar.