Si el Charles Dickens que ilustra el presente artículo viviera hoy en día, imagino al escritor victoriano indignado por los acontecimientos sufridos en las últimas fechas por significados compañeros de letras españoles.

Como sabrán muchos de los que ahora me leen, ha saltado a los medios de comunicación la noticia de las inspecciones que muchos autores españoles jubilados (entre ellos Antonio Gamoneda, Eduardo Mendoza, o Javier Reverte) están sufriendo por parte de la Seguridad Social.

En todos los casos, el supuesto de hecho perseguido tiene un elemento en común: la percepción de una pensión de jubilación que la Seguridad Social considera incompatible con la percepción de ingresos por lo que se considera por parte de la Inspección una actividad económica: los derechos de autor.

Con rapidez, se han alzado voces que han clamado por lo que consideran un atentado contra la cultura, y un ataque a la creación intelectual en nuestro país.

No es el cometido de este artículo, pese a mi condición de escritor, y por tanto, posible afectado con el tiempo, el juzgar bajo el punto de vista de la política estos hechos. Sin embargo, lo haré desde el punto de vista jurídico, de la forma más objetiva de la que pueda ser capaz, con el objeto, como siempre, de informar y de ser un elemento de utilidad.

El tema de la compatibilidad o no entre derechos de autor y prestación de jubilación nunca ha sido pacífica, y ha sido en realidad una cuestión de ida y vuelta incluso en la propia norma. Hasta 1998 no eran compatibles, después lo fueron, y, como último vaivén, en 2013 desapareció la mención a dicha compatibilidad.

¿Qué dice la norma? De acuerdo con el actual artículo 213 de la Ley de Seguridad Social:

«1. El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
No obstante lo anterior, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.»

Para delimitar el terreno en el que nos movemos, se considera “trabajar” a cualquier actividad laboral habitual cuyos ingresos superen el salario mínimo interprofesional, actualmente algo más de 9000 Euros. En el momento en el que los ingresos superan ese SMI, y no se ha acogido el pensionista a uno de los supuestos de minoración previstos por trabajo a tiempo parcial, dicho pensionista se convierte en “objetivo” de la inspección del Ministerio de Empleo.

Como decía antes, la norma, al excluir desde 2013 la compatibilidad que antes existía y que permitía compatibilizar derechos de autor y pensión, ya no favorece expresamente a los creadores.

Lo primero que hay que decir es que, por supuesto, hay que abogar por un nuevo cambio normativo que proteja y permita a los creadores poder seguir inventando historias -lo cuál nos beneficia a todos-, y por ahí se están dando los pasos, con las recogidas de firmas y con, esperemos que serias, promesas de partidos políticos.

Pero la pregunta que voy a intentar contestar en esta entrada es: con la norma actual, ¿Es correcto el criterio de los inspectores de la Seguridad Social?

Veamos hasta qué punto:

Para saber si el criterio es correcto lo primero que tendremos que analizar, como ocurre siempre en Derecho, es la naturaleza jurídica de los derechos de autor. Para saber si entra en el supuesto de una norma, lo prioritario es diseccionar y analizar de forma forense, la categoría y especie de los derechos en juego.

Una actividad laboral, por cuenta propia o ajena, es la realización de una prestación o actividad a cambio de una renumeración económica. El acento está en esa prestación o actividad, de carácter personal, que realiza el sujeto a cambio de un precio.

Un profesor, por ejemplo, aunque protegido por una libertad de cátedra, realiza una actividad docente y recibe por ello una renumeración. Ahí se agota la naturaleza de la actividad. Lo mismo que un periodista, que publica un texto y que por ello recibe una renumeración. Este cronista también realiza una actividad intelectual al escribir su artículo que posteriormente será publicado en un medio de comunicación determinado, para el que trabaja. Pero es una actividad de recopilación de datos de actualidad dentro de un medio realizado a través de aportaciones colectivas, y , de manera determinante, sobre el que la propia Ley de Propiedad Intelectual establece límites al derecho de su autor.

Como vemos, son actividades de carga intelectual con una cierta conectividad con la del autor al realizar su actividad literaria, pero que no tienen la misma naturaleza de los derechos de autor propiamente dichos, y que sí pueden estar dentro del ámbito de “prestación a cambio de renumeración” que exige la calificación de actividad laboral para ser considerada como tal.

Así, la clave de la cuestión de la naturaleza de los derechos de autor distinta de la actividad laboral, es su contenido, que se despliega a su vez en una multitud de derechos morales y patrimoniales. Y especialmente, el momento del nacimiento de la protección legal de los derechos de autor.

Veamos estos aspectos:

Los derechos de autor, en primer lugar, forman un abanico de derechos de distintas categorías: Por un lado, derechos morales del escritor o sujeto de derecho, que van desde el derecho de divulgación, paternidad, o integridad de la obra, entre otros. Son derechos irrenunciables por parte de su titular, y no pueden ser objeto de transmisión a tercero a cambio de precio alguno.

Por otro lado, los mismos derechos de autor generan una serie de derechos patrimoniales, como el de autorizar la reproducción, distribución o explotación de la obra en sus diferentes modalidades, a terceros, todo ello con los requisitos marcados por el ordenamiento jurídico, en especial la Ley de Propiedad Intelectual.

Una serie de derechos no se entienden sin los otros, y son ramificaciones del mismo: los derechos de autor, que no en vano son denominados en plural, y que el criterio de la Inspección reduce y simplifica hasta su expresión más mercantilista, olvidando las otras, las más importantes.

Sería, por tanto, mucho más comparables estos derechos al derecho de propiedad, con ese haz de derechos que nace con él (uso, disfrute, reivindicación de la propiedad, pero también con otros derechos objeto de disposición y transmisión a terceros, como el arrendamiento, la venta…)

Y si nadie discute que ser arrendador de un inmueble sea compatible con el cobro de la pensión, aún debería ser incluso más claro esa compatibilidad en el caso de los derechos de autor.

Porque además, y esto lo aleja aún más en su naturaleza laboral incompatible con la prestación de jubilación, el derecho de autor es un derecho intangible que nace de las ideas, de la originalidad, y por tanto difiere también en su nacimiento de la actividad laboral.

Además de la LPI y la Constitución Española, al proteger ésta la producción literaria, los derechos de autor reciben la protección de la Declaración Universal de los derechos humanos.

Y de manera expresa lo están ya protegiendo, especialmente en su contenido moral, desde el momento de la concepción de la obra, incluso cuando aquella es inédita, secreta, y no ha sido mostrada a nadie. Así, el derecho de autor, con todas sus consecuencias, se perfecciona ya cuando la obra tan solo se encuentra en la esfera personal del autor, incluso aunque este, precisamente ejerciendo este derecho, decida que para siempre permanezca inédita. No necesitan los derechos de autor por tanto de un tercero para perfeccionarse, elemento que una actividad laboral siempre va a requerir, tanto para recibir esa prestación del trabajador como para renumerarla.

En conclusión, en mi opinión los derechos de autor, en tanto distintos en su naturaleza a las actividades laborales descritas en la normativa de Seguridad Social como no compatibles con la prestación por jubilación, no deben ser consideradas incompatibles con la percepción de la pensión, sin que hiciera falta su mención expresa en la norma, aunque la misma fuera bienvenida para evitar situaciones como las actuales.

No deberían ser objeto de sanción, por tanto, la percepción simultanea de cantidades derivadas de las mismas incluso bajo el prisma de la normativa actual, por no entrar en el supuesto de hecho establecido por la norma, al igual que tampoco entra, por poner un ejemplo, el rendimiento económico del ejercicio de otros derechos de naturaleza no laboral, como es por ejemplo el arrendamiento de un inmueble del que se sea propietario.

Tampoco los premios literarios sobre la obra deberían ser incompatibles, en mi opinión, pues por definición no suponen una prestación a cambio de una renumeración, sino un reconocimiento con una dotación económica que no requiere de una labor extra, más allá de la entrega a selección, sin saber cuál va a ser el resultado y si se se obtendrá o no un rédito económico como ocurriría en una actividad laboral, de una obra que, además, puede haber sido concebida, y por tanto nacer con todos sus derechos inherentes, incluyendo los de la percepción económica, antes del nacimiento del derecho a la pensión por jubilación.

Otra cosa distinta serán las actividades paralelas del autor tras su jubilación, que, aunque estén relacionadas con su obra, no son propiamente derechos de autor: conferencias, firmas de libros, u otras actividades que fueran renumeradas y que sí se podrían considerar actividad laboral, y donde podría caber la sanción si además estos superan en su percepción el mencionado SMI.

Esta es mi opinión como jurista, trascendiendo el apasionamiento que el tema me pueda suscitar como autor.

La cuestión sigue a debate, pero se hace necesario, más que un cambio legislativo que también, un cambio de mentalidad en los distintos aplicadores de las normas.

Ese es el mayor de los problemas.